Derechos de Protección

5. Área de Derechos de Protección

Esta área aborda elementos de mortalidad externa, protección de NNA e indicadores sobre la condición de los NNA en conflictos armados. Este último segmento de indicadores no aplica para el caso de Costa Rica, que, afortunadamente, no está en guerra ni tiene conflictos armados internos. No obstante, bandas armadas y localidades con presencia importante de narcotráfico y drogadicción las hay en todo el país. El Centro de Formación Juvenil Zurquí tiene recluidos a 2 personas menores de 15 años, 41 de 15 a 18 años, de los cuales el 57% adolescentes por delitos contra la vida (homicidios o tentativa), 36% por delitos contra la propiedad, un 4% por desobediencia a la autoridad, un 3% por delitos sexuales. La apenas máxima para los jóvenes de 15 a 18 años es de 15 años, y para los de 12 a 15 años es de 10 años (Chaves, K., 2018). Esta problemática se agrava con la vulnerabilidad a redes delictivas de los 22000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, conocidos como “NINIS” (Recursos del MEP, 2019 b). Y por otro lado, la figura de la “narcofamilia” y “narcomenudeo”, que induce a los NNA a delinquir en actividades ilícitas. El ambiente cultural tampoco contribuye ya que empuja a los jóvenes a reforzar su idea de masculinidad con la violencia:

… los conflictos entre bandas y la modalidad con la que se hace un recurso cotidiano a la violencia entre los jóvenes narcomenudeantes, son «performances de masculinidad hegemónica». Si para reafirmar su propia masculinidad, los hombres que se dedican al narcomenudeo deben continuamente poner en acto prácticas violentas, no sorprende que entre el 2015 y el 2016 el 96,8% de los homicidios dolosos relacionados a la venta de drogas fuera realizado por hombres (COMESCO 2017, citado por Saborío, 2019).

5.1 Aspectos introductorios de la Protección

La Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989 supuso una ruptura formal en lo referido a la concepción pero, particularmente, intervención estatal hacia las niñas, los niños y adolescentes. Entre sus múltiples aportaciones se encuentra una particular caracterización de la protección a la población. La posibilidad de una vida sin violencia, sin explotación ni abuso es lo que procura desarrollar la protección, dado que previo a la promulgación de la CDN, el relacionamiento formal hacia estos sujetos se daba a partir de concepciones regidas por la caridad, la beneficencia, la lástima o el control, de allí que este instrumento jurídico internacional signifique una intención de ruptura a tales consideraciones, pero, especialmente, la protección implica un señalamiento para la atención de tales situaciones  (Brenes, 2016).

Al respecto, una intersección que surge entre la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la protección, es el Paradigma de la Protección Integral, el cual irrumpe las anteriores concepciones e intervenciones descritas hacia la población. La inclusión de este nuevo principio supone la prioridad absoluta del Estado por realizar políticas, programas, planes y acciones que garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (Buaiz, 2003).

En ese sentido, la Protección Integral se encuentra constituida por cuatro principios básicos que a su vez se precisan en la CDN. Tales principios son la igualdad (contenido en el artículo 2), el interés superior del niño (situado en el artículo 3), la prioridad absoluta de los NNA (en el artículo 4), así como la solidaridad (contenida en el artículo 5). En términos generales es posible asegurar que tales principios estructuran la Protección Integral (Buaiz, 2003).

El Patronato Nacional de la Infancia, creado mediante la Ley n°39 del 6 de agosto de 1930, bajo sus diversas estrategias de atención en 10 regiones del país (San José Central, San José Sur, Huetar Norte, Alajuela, Cartago, Heredia, Huetar Caribe, Chorotega, Pacífico Central y Brunca), con 52 oficinas locales, y cubre con sus programas a 5646 NNA (a fecha de marzo 2019) en la Red de Cuido, Hogares solidarios subvencionados 2788, y en no subvencionados 2096. A través de las ONG residenciales con convenio se atienden a 2097 NNA, y se sostienen 400 albergues en todo el país (PANI, 2019).

5.2 Normativa nacional y sistemas nacionales de la protección integral

En lo que respecta a la traducción de esta normativa para Costa Rica es posible asegurar que el Estado suscribe la CDN en 1990, lo que conduce en 1998 a la promulgación y aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia; el cual armoniza las leyes costarricenses a tono con este instrumento internacional, e incluye la normativa que atienda las exigencias de tal suscripción jurídica internacional (Brenes, 2016).

En lo que respecta a la identificación de la protección en dicha normativa nacional en derivación de las exigencias de la CDN, así como del Código de la Niñez y la Adolescencia, es posible señalar la creación del Sistema Nacional de Protección y los Subsistemas Locales de Protección (Brenes, 2016).

Al respecto, el Sistema Nacional procura garantizar la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes a través del diseño de las políticas públicas y la ejecución de programas destinados a la población; dicho sistema se encuentra conformado por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, una serie de instituciones representadas ante el Consejo, representantes de las juntas de protección de la infancia y comités tutelares de los derechos de la niñez y la adolescencia. Ante los vacíos experimentados en términos de organismos públicos, participación comunal y vínculos de coordinación en distintos niveles de la sociedad costarricense, se creó en el año 2008 a través de un Decreto Ejecutivo el Programa de Subsistemas Locales de Protección a cargo del Patronato Nacional de la Infancia.

5.3 Políticas públicas en materia de niñas, niños y adolescentes en el marco de la protección

En el marco de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de la CDN, así como del Código de la Niñez y la Adolescencia, el Estado costarricense diseñó una serie de acciones sistemáticas para intervenir el accionar de las instituciones públicas que trabajan con esta población. Es por esa razón que en el año 2009 se presentó la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia (2009-2021) conformada, entre otros aspectos, por seis ejes: Institucionalidad democrática, persona, familia y comunidad, salud integral, educación, cultura, juego y recreación, así como protección especial; de lo cual derivan acciones estratégicas (PANI, 2009).

En la línea de acciones estratégicas, para el año 2015 fue presentada la Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia (2015 – 2021) (PANI, 2015 a), que aborda las metas propuestas en dos bloques: 1. Construcción de entornos favorables para el cumplimiento de la agenda; 2. La promoción del desarrollo integral de las personas menores de edad dividido en tres grupos etarios, 0-6 años, 7 a 12 años y 13 a 17 años. De igual forma, a manera complementaria fueron promulgadas la Política para la Primera Infancia (2015-2020) (PANI, 2015 b).

La Agenda hace énfasis en primer infancia, la transición a la etapa escolar y en la adolescencia, con el fin de definir metas en educación, salud, y desarrollo psico-social de los NNA, mediante el enlace institucional y la sociedad, que permitan hacer una mejoría de los NNA tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, y que estas metas sirvan como una pauta para la rendición de cuentas, así como para la orientación de las decisiones estratégicas de las instituciones. La Agenda prioriza las metas para lograr el desarrollo de la primera infancia, atacar la violencia intrafamiliar e inseguridad ciudadana, erradicar el castigo físico y el trato humillante, prevenir el embarazo adolescente y generar mecanismos de protección frente a la violencia en el ciberespacio (PANI, 2015 a, p. 8).

Por su parte, la Política para la Primera Infancia (PANI, 2015 b), hace un diagnóstico sobre la situación de la primera infancia en Costa Rica, para establecer objetivos, valores y principios que debe permear el quehacer de las instituciones y la sociedad con relación a los niños y niñas.       

En ese sentido, una vez expuestos aspectos generales relacionados con la protección en términos del entramado internacional y nacional, se procede a presentar la información hallada en tres ejes: Trabajo y explotación, Violencias y conflictos con la ley.

5.4 Trabajo y explotación

El trabajo constituye la principal manera de satisfacción de necesidades humanas básicas que poseen las personas en el contexto de la sociedad contemporánea; no obstante, cuando es realizado por un niño, niña o adolescente acarrea una serie de vulnerabilidades para esta población, así como una serie de condicionantes para su desarrollo. En la sociedad costarricense la tendencia al mundo del trabajo se encuentra marcada por la desaceleración económica, una contracción en la industria de servicios y comercio, así como un importante crecimiento al trabajo informal.

En lo que refiere a esta situación, la Encuesta Nacional de Hogares (INEC, 2017) señala que fueron alrededor de 30000 niñas, niños y adolescentes los que se encuentran trabajando, cifras que han variado respecto a la contabilizada el año 2011 de 42000 y en el año 2001 de 113000. En ese sentido, del total presentados para el año 2017, un 56% que representa la cantidad de 17000 está en la región central del país, mientras que la cantidad restante se ubica en las regiones Brunca, Huetar Norte, Huetar Caribe, Pacífico Central y Chorotega (INEC, 2017).

En la línea de lo presentado, un 25% de la población se encuentra entre los 5 y 17 años. De ese grupo un 3,1% labora, lo que significa un 1,2% menos que el 4,3% que lo hacía para el 2011. Cabe señalar que existen más hombres que mujeres laborando (INEC, 2017).

En ese sentido, el Observatorio de Género del Poder Judicial señala la existencia de la siguiente cantidad de delitos relacionados con actos sexuales remunerados con niñas, niños y adolescentes; para el año 2016 se registraron 23 situaciones, para el año 2017 se registraron 43 y, para el año 2018, se dieron 38 situaciones (Poder Judicial a, 2019).

En lo relacionado con la violación de derechos de la población que trabaja, el PANI registra la siguiente cantidad de derechos violentados por ser víctimas de trabajo infantil. Para el 2015 se presentaron 53 situaciones; en el 2016 fueron 80 casos; para el 2017 se dieron 64 situaciones y, para el 2018, se llegó a 54 situaciones (PANI b, 2019). Por su parte, en lo relacionado con explotación laboral el PANI registra para el 2015 una cantidad de 29 situaciones; para el 2016 presenta 26 situaciones; para el 2017 presenta 25 situaciones y, para el 2018 presenta 22 situaciones (PANI c, 2019). El cuadro 15 recoge estas cifras:

Por su parte, en lo que respecta a tareas domésticas la encuesta EMNA (MS, INEC y UNICEF, 2019) indica que de un total de 490365 niños en edades de 5-11 años un 70,3% afirmaron participar en tareas domésticas de menos de 28 horas, de un total de 226286 adolescentes de 12-14 años un 89,5% participaron en tareas domésticas de menos de 28 horas, de un total de 258267 niños de 15-17 años un 89,7% afirmaron participaron en tareas domésticas de menos de 43 horas.

5.5 Violencias

En el siguiente apartado se procederá a presentar algunas de las principales situaciones relacionadas con amenazas para la integridad y vida digna de los NNA.

En ese sentido, en lo que respecta a la violación de derechos de la población por vivir en condiciones de callejización, el PANI registró para el 2015 una cantidad de 132 situaciones, para el 2016 una cantidad de 66 situaciones, para el 2017 una cantidad de 104 situaciones y para el 2018 una cantidad de 101 situaciones (PANI a, 2019). Solo en el 2016 la cifra de casos bajó de 100, lo cual es muy lamentable, puesto que no se está llevando a cabo un plan de contingencia. Sobre esta situación, hay presumiblemente un subregistro.

Por su parte, en lo relacionado a situaciones de violencia doméstica el Observatorio de Género del Poder Judicial registra la siguiente cantidad de casos entrados en materia, para el 2016 registró 47272 para el 2017 registró 42548 y para el 2018 registró 42793 (Poder Judicial b, 2019). Al respecto, según los datos del observatorio la cantidad de medidas de protección, según presuntas personas agresoras fue de 52423 hombres lo que equivale a un 79% y de 13615 mujeres que equivale a un 21% (Poder Judicial c, 2019).

Esa línea de lo planteado es posible identificar una cantidad de 1319 niñas, niños y adolescentes presuntas víctimas de violencia doméstica para el año 2018 (Poder Judicial d, 2019). En lo que respecta a la cantidad de presuntas víctimas en materia de violencia doméstica según estado civil y sexo para el periodo 2018 es posible identificar las siguientes cifras, de las personas solteras 6816 son hombres y 31257 son mujeres, de las personas casadas 4791 son hombres y 14757 son mujeres, de las personas divorciadas 1528 son hombres y 5418 son mujeres (Poder Judicial e, 2019).

En lo relacionado a los abusos sexuales contra las niñas, niños, adolescentes e incapaces, tal y como consigna el Observatorio de Género del Poder Judicial para el año 2016 la cantidad fue de 2826, para el año 2017 la cantidad fue de 3598 y para el año 2018 la cantidad fue de 3734 (Poder Judicial f, 2019). En ese nivel temático se identificó la siguiente cantidad de delitos relacionados con seducción o encuentros con niñas, niños y adolescentes por medios electrónicos, para el año 2016 la cantidad de 96, para el año 2017 la cantidad de 141 y para el año 2018 la cantidad de 229 (Poder Judicial f, 2019). En el gráfico 42 se puede observar el reporte de denuncias ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre abusos contra NNA y seducción y encuentros por medios electrónicos:

Gráfico 42

Denuncias recibidas por el OIJ, por abusos sexuales y seducción a NNA.

Costa Rica, 2015-2017

Fuente: Elaboración propia según datos de OIJ, 2019.

En cuanto al suicidio de NNA, en el período de 4 años (2015-2018) se contabilizaron 23 casos. En el 2018 la cifra ascendió a 8 casos, y en el 2016 se dieron 7, en cambio en el 2015 y el 2017 se llegó únicamente a 4 casos cada año (véase gráfico 43). Por consiguiente, el suicido dista mucho de ser una causa de muerte alarmante, frente a los 105 casos de ahogados y 108 casos de homicidios reportados en el mismo período entre niños, niñas y adolescentes (OIJ, 2019). Por provincias, en el período 2015-2018, San José es la que registra más suicidios con 10 casos presentados, seguida de Puntarenas con 6, Alajuela con 5, Cartago 1, Guanacaste 1 (Limón y Heredia no reportaron casos). La mayoría de los suicidas son adolescentes de 12 a 18 años (18 casos), y los niños y niñas de 0 a 12 años presentaron 5 suicidios. No por ser pocos casos cuantitativamente debe dejarse de lado la prevención del suicidio en los NNA, pero también debe prestarse más atención a otros factores de riesgo que los dejan en situaciones más vulnerables.

Gráfico 43

Suicidios de NNA. Costa Rica, 2015-2018

Fuente: Elaboración propia según datos de OIJ, 2019.

 

Entre las causas de muertes de PME por causas externas, el período 2015-2018 acumuló 263 muertes, de las cuales, en Puntarenas se suman 65, y solo en el 2018, el total nacional llegó a 68. En San José se registraron 54 muertes, en Limón 44, en Alajuela 43, en Cartago 21, en Guanacaste 21 y en Heredia 15 (véase gráfico 44).  En este mismo período 2015-2018, el total de muertes de adolescentes de 12 a 18 años fue de 149, y se presentaron 114 casos de niños y niñas de 0 a 12 años.

Gráfico 44

Frecuencia de muertes de NNA por causas externas, por  provincias.

Costa Rica, 2015-2018

Fuente: Elaboración propia según datos de OIJ, 2019.

El tipo de causas externas es variado y se refiere distintas causas de enfermedades, accidentes de tránsito o suicidio. En principio, se trata de muertes evitables, y que muchas veces se deben a negligencia. El mayor número de casos es el de homicidios, que reporta para el período 2015-2018, 108 casos, de los cuales la provincia de San José presenta 36 casos, 23 Limón, 14 Puntarenas, 13 Alajuela, 11 Cartago, 15 Heredia, 6 Guanacaste. El segundo tipo de causa de muerte externa para el mismo período es el ahogamiento, con un total de 105 casos, de los cuales 39 casos se dieron en Puntarenas, 21 en Alajuela, 15 en Limón, 9 en Guanacaste, 8 en San José, 7 en Cartago, 6 en Heredia. En el siguiente cuadro se puede apreciar la variedad de tipos de muertes y rangos de edades que el OIJ (2019) ha reportado para el período 2015-2018:

En cuanto las muertes de PME por accidentes de tránsito, en el período 2015-2018, el OIJ reportó 174 casos, de los cuales la frecuencia más alta la tiene Alajuela con 47, seguida de Limón con 31, San José con 30, Puntarenas con 22, Cartago con 18, Guanacaste con 16 y Heredia con 10 casos (véase gráfico 45).

Debe apreciarse también que los años de más casos fueron el 2016 y el 2017 con un total de 51 fallecimientos, seguidos en el 2018 por 44 y en el 2015 fueron 28. En ese período de 2015-2018 murieron más adolescentes de 12 a 18 años (101 caos), que niños y niñas de 0 a 2 años (73 casos). Los hombres murieron más que las mujeres, 365 frente a 95 casos respectivamente.

Gráfico 45

Cantidad de muertes de NNA por accidentes de tránsito, por provincia.>

Costa Rica, 2015-2018>

Fuente: Elaboración propia según datos de OIJ, 2019.

5.6 Conflictos con la ley

La falta de mecanismos relacionados con la protección de la población de niñas, niños y adolescentes puede desencadenar una serie de situaciones que afectan el desarrollo de la población, así como sus condiciones de vida, entre las múltiples situaciones a las que se ven expuestos es posible señalar los conflictos con la ley.

En ese sentido, según el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial la tasa de menores acusados de infringir la Ley Penal Juvenil fue para el 2014 de 24,1, para el 2015 de 27,1 y para el 2016 de 22,2 (Poder Judicial, 2018). En lo relacionado con la tasa de hombres menores de edad acusados de infringir la Ley Penal Juvenil las tasas ubicadas fueron en 2014 de 33,4, en 2015 de 39,8 y en el 2016 de 32,6 (Poder Judicial, 2018). Por su parte, las tasas de NNA condenados por homicidio fueron en 2014 de 1,6, en el 2015 de 2,6 y en el 2016 de 3,6 (Poder Judicial, 2018).

Sugerencias

Entre las consideraciones relacionadas con protección, surgen las siguientes ideas:

1. La alianza estratégica del PANI con otras instituciones es fundamental para lograr prevenir situaciones de riesgo y muertes para los NNA. Esta estrategia debe tener un mayor empuje para la toma de acciones más rápidas.
2. Debe hacerse más prevención para afrontar las muertes por homicidio y por accidentes de tránsito, mediante el refuerzo del autocuidado y del cuidado de los NNA por parte de la sociedad en general. En especial los accidentes de tránsito, que por lo general obedecen a negligencia, suponen un mayor esfuerzo para que los adultos que tienen a cargo a los NNA presten más atención a estos riesgos.
3. Es prioritario establecer estrategias de rescate de NNA en riesgo de delincuencia. No debería estar ningún NNA “en calle”, y debe hacerse pesar las responsabilidad que su padre, madre o tutor tienen para con los NNA. Esta es una tarea que debe ser llevada a cabo de manera eficaz, y para ello también se requiere de la colaboración de la ciudadanía, a la que hay que sensibilizar al respecto.
4. Es importante seguir sensibilizando a la población sobre la desnaturalización de la violencia y de la violencia sexual contra los NNA, lo cual exige romper con el silencio, especialmente en el caso de las niñas. Esta realidad la atestiguan otros indicadores ya mencionados anteriormente, como el caso de las niñas-madres, y las referencias a las violencias ya indicadas. Se necesita visibilizar la relación de la condición de niña o adolescente madre con la pobreza estructural, las carencias afectivas crónicas, la expresión de la actividad sexual temprana, la educación sexual débil, el consumo de drogas y el abuso sexual.